jueves, 11 de junio de 2009

Demócratas se la juegan con la reforma

" Nuestra Reputación está en juego", dijo Harry Reid.
LIAD con AFP
WASHINGTON, D.C. - El Partido Demócrata se juega su reputación en favor de la reforma migratoria, señaló este miércoles a AFP el jefe del Senado, Harry Reid (Nevada), a una semana de un encuentro del presidente Barack Obama con congresistas en la Casa Blanca para abrir el debate migratorio que legalizaría a la mayoría de los 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.
Lista de prioridades
"Pongo la reputación del Partido Demócrata en juego por la (reforma) migratoria", dijo el líder del Senado, en entrevista concedida a la AFP.
"Creo simplemente que el Partido Demócrata ha sido el que ha dado no solamente buenas palabras, sino también resultados" en el tema migratorio, explicó.
Las tres prioridades del jefe del Senado son "la reforma sanitaria, la energética y la migratoria", añadió.
Habría más votos
A pesar de dos fracasos consecutivos, en junio de 2006 y junio de 2007, "la propuesta está ahí. Sólo hay que mirar lo que hicimos la última vez", insistió Reid.
Al ser preguntado sobre si era más optimista ahora que hace dos años, Reid explicó: "Soy optimista sobre el hecho de que tendremos más demócratas a la hora de votar y más republicanos que la última vez".
El presidente Obama recibirá a líderes hispanos del Congreso en la Casa Blanca el miércoles 17, poco más de tres meses después de prometerles que la reforma migratoria iría adelante este año.
"Está muy claro, y fue probado en las últimas elecciones, que el Partido Demócrata es el partido de nuestros amigos hispanos", aseguró Reid, que el año que viene se juega su escaño de senador en su estado natal de Nevada, con un gran electorado hispano.
Debates inconclusos
En los últimos tres años la reforma migratoria ha sido debatida en dos ocasiones en el Congreso sin resultados favorables.
La primera discusión se celebró en diciembre de 2005 cuando la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley HR 4437, que incluyó la construcción de un muro en la frontera con México, eliminó el sorteo de la lotería de visas, aceleró las deportaciones, sancionó a quienes den trabajo o ayuden a indocumentados y criminalizó la estadía ilegal, hasta ahora una falta de carácter civil.
Cinco meses más tarde, en mayo de 2006, el Senado aprobó la versión S. 2611, que incluyó entre otras recomendaciones el muro fronterizo, presupuesto para aumentar la dotación de la patrulla fronteriza, reforzó la seguridad en la frontera y dividió a la población indocumentada en tres grupos, y a cada uno de ellos los trató de manera diferente.
Grupo 1. Lo integraban indocumentados que llevaban cinco años o más en Estados Unidos. Accederían a una residencia temporal de seis años y luego a la residencia permanente. Once años más tarde podrían solicitar la ciudadanía. Se beneficiarían 7.8 millones.
Grupo 2. Lo integraban indocumentados que llevaban más de dos años y menos de cinco en el país. Deberían registrarse en un puesto fronterizo y calificarían para un permiso temporal de trabajo hasta que cumplan cinco años de estadía. Cumplidos cinco años, debían cumplir con los requisitos del Grupo 1. Se beneficiarían 3.5 millones.
Grupo 3. Lo integraban indocumentados que llevaban menos de dos años en Estados Unidos (contados a partir de una fecha que iba a ser determinada por el Senado). No calificarían para ningún tipo de beneficio y deberían irse del país. Afectaría a 1.4 millón.
Ambos planes debían ser armonizados por el Comité de Conferencia, pero esta instancia fue cancelada en junio de 2006 por el entonces liderazgo republicano aduciendo razones de seguridad nacional.
En mayo de 2007 un proyecto bipartidista respaldado por la Casa Blanca fue debatido sin éxito en el Senado. El plan incluía una compleja y delicada vía de legalización que contemplaba multas de $13,500 a cada inmigrante que calificara para el programa.
Tras el fracaso de los tres debates en el Congreso el gobierno federal activó masivas redadas de inmigrantes en adentros de trabajo y residencias particulares.
En el año fiscal 2008 (del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2008) el departamento de Seguridad Nacional dijo haber deportado a casi 350 mil indocumentados, un 20 por ciento más que los expulsados en el año fiscal 2007.
Planes alternos
Mientras la Casa Blanca batalla por escribir una propuesta y enviarla al Congreso a más tardar en otoño, el legislativo discute varias iniciativas dirigidas a modificar partes de la ley de inmigración y que, eventualmente, pudieran ser añadidos como enmiendas a un proyecto de reforma migratoria.
Una de ellas es el DREAM Act, que propone otorgar residencia temporal a miles de estudiantes sobresalientes, quienes una vez graduados, podrán solicitar la residencia permanente y luego la ciudadanía.
Otro proyecto de ley enviado al Congreso es el AgJobs, que legalizaría la permanencia de entre 2 a 3 millones de campesinos que llevan tiempo en el país, tienen trabajo y pagan impuestos, además de carecer de antecedentes criminales.
Después de un tiempo como residentes temporales, podrán gestionar la residencia permanente.
Reunificación familiar
Otros proyectos enviados a ambas cámaras del Congreso tratan sobre la unificación familiar y la ampliación de la cuota anual disponible y que administra el Departamento de Estado, que favorece las peticiones hechas por residentes permanentes y ciudadanos.
El plan recomienda recuperar unas 400 mil visas no utilizadas en años anteriores para achicar los tiempos de espera, que en algunos casos supera los 10 años.
Otros planes recomiendan eliminar restricciones a estudiantes extranjeros que han obtenido un doctorado en universidades estadounidenses y ampliar la cuota de visas tipo H2A y H2B, para trabajadores extranjeros no profesionales.
Visas tipo H1B
También se han enviado proyectos para ampliar la cuota de trabajadores profesionales con visa tipo H1B.
El gobierno entrega cada año 65 mil cupos y otras 20 mil para extranjeros que han obtenido una maestría en una universidad estadounidense.
Todos estos proyectos pudieran ser añadidos al plan de reforma migratoria que será redactado a partir de la reunión que sostendrán Obama y legisladores de ambos partidos el 17 de junio en Washington.
Después de ese encuentro la instancia se extenderá a sindicatos, religiosos, abogados y representantes de las organizaciones nacionales que protegen los derechos de los inmigrantes.
De acuerdo al último informe del Pew Hispanic Center, en Estados Unidos viven 11.9 millones de indocumentados. La mayoría de ellos proviene de América Latina.

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