Comunidades de Nueva York Vieron su Status de Inmigración Dañarse por Proveedores de Servicios Legales No Autorizados y por Falsas Promesas de que Los Ayudarían a Obtener la Residencia Permanente y la Ciudadanía
Cuomo Emitió Más de 50 ‘Subpoenas’ Por Toda el Área Metropolitana de la Ciudad de Nueva York
NUEVA YORK, NY (28 de mayo del 2009) - El Procurador General del Estado de Nueva York, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que su oficina emitió más de 50 ‘subpoenas’ (órdenes de entrega de información) a organizaciones e individuos de toda el área de la Ciudad de Nueva York como parte de su amplia investigación sobre el fraude de inmigración.
La investigación de Cuomo se enfoca en las alegaciones de que inmigrantes y sus familiares están siendo acosados por proveedores fraudulentos y no autorizados de servicios relacionados a inmigración y, en algunas ocasiones, con falsas promesas de conseguirles residencia legal permanente en los Estados Unidos y/o la ciudadanía. Las organizaciones e individuos bajo investigación alegadamente se hacían pasar por proveedores de servicios de inmigración legítimos y ofrecían servicios que no estaban autorizados a realizar.
El anuncio de hoy llega después de una demanda radicada a principios de este mes por la Procuraduría General contra Miriam Mercedes Hernández, una comerciante de Queens que orquestó una estafa de inmigración que engañó a más de una docena de inmigrantes privándolos de decenas de miles de dólares. Las ‘subpoenas’ de hoy exigen la entrega de documentos y testimonios de más de 50 organizaciones e individuos.
“Las comunidades de inmigrantes a través de toda la Ciudad de Nueva York continúan siendo amenazadas por organizaciones e individuos inescrupulosos que les ofrecen nada más que promesas vacías y prácticas fraudulentas”, dijo el Procurador General Cuomo. “Las personas que
reciben información legal incorrecta relacionada a su status de inmigración enfrentan consecuencias severas en su status de residencia, empleo y derechos de propiedad. Las ‘subpoenas’ de hoy expanden la investigación que esta oficina realiza a través del área metropolitana entera de la Ciudad de Nueva York, y perseguiremos activamente a todos
aquellos que encontremos en violación de la ley”.
Las ‘subpoenas’ de hoy buscan descubrir si estas organizaciones e individuos se dedicaron a la práctica no autorizada del derecho legal y a la práctica de negocios fraudulentos al proveer servicios relacionados a inmigración. Específicamente, las ‘subpoenas’ buscan documentes
que incluyen, pero no están limitados a: (1) todos los acuerdos y contratos para servicios; (2) los nombres y calificaciones de todos los empleados y agentes; (3) las políticas, prácticas y procedimientos de cada entidad; (4) todas las querellas concernientes a los pagos por los
servicios; (5) todos los materiales promocionales y de publicidad
relacionados a los servicios de inmigración; y (6) todos los archivos financieros relacionados a los servicios de inmigración.
La emisión de ‘subpoenas’ a estas organizaciones e individuos es el más reciente paso tomado por el Procurador General para combatir el fraude en inmigración en todas sus formas por todo el Estado de Nueva York. En la demanda radicada al principio de este mes, Cuomo alega que
la señora Hernández les cobraba a sus víctimas hasta $15,000 a cambio de ayudarlos a asegurarles residencia permanente. Alegadamente Hernández les dijo a sus clientes que ella tenía las conexiones necesarias para ajustarles su estatus migratorio dentro de 8 meses. Sin embargo, luego de los 8 meses, sus víctimas no recibieron ninguna de la documentación legal que les habían prometido. La demanda busca detener por completo e inmediatamente a Hernández de continuar su práctica de negocios fraudulentos, así como asegurar el pago de restituciones a las víctimas, y el pago de penalidades y costos por violar las leyes de Nueva York.
Bajo las leyes estatales y federales, sólo los abogados o representantes acreditados pueden representar a individuos antes las autoridades de inmigración. Más aún, bajo las leyes del Estado de Nueva York, es ilegal inducir de forma engañosa (mislead) o estafar cualquier persona al proveerle cualquier servicio, incluyendo los servicios relacionados a inmigración. La ley le requiere a cualquiera que provee servicios de inmigración a cumplir con las reglas de publicidad, los requerimientos para el uso de letreros informativos (signage), y los requerimientos de fiador (surety requirements), así como proveer a los consumidores de contratos escritos - tanto en inglés como en el idioma primario del consumidor -, donde se detalla los servicios que ellos proveerán y la cancelación de la póliza. El Procurador General está autorizado a buscar una orden de cese de funciones (injunction), el pago de penalidades de hasta $7,500 por violación y el pago de restituciones.
Michael Rothenberg, Director Ejecutivo de Abogados de Nueva York en pro del Interés Público, una organización de abogados sin fines de lucro que ayudan a los que carecen de representación, dijo: “Nos sentimos extremadamente alentados por los esfuerzos del Procurador General para
enfrentar agresivamente este problema, el cual es uno significativo en las comunidades de inmigrantes. La asesoría legal sólo puede ser brindada por abogados, y aquellos que acosan a las comunidades inmigrantes y distorsionan (misrepresent) sus servicios presentándolos como servicios legales deben ser investigados y perseguidos judicialmente. Esta investigación pone al relieve y, esperamos, frene este problema”.
Christopher D. Lamb, Director Ejecutivo de Servicios Legales MFY, una organización sin fines de lucro de la Ciudad de Nueva York que provee servicios legales gratuitos a personas de bajos recursos, dijo: “Gracias al Procurador General por pelear contra el rampante fraude de inmigración y la discriminación por de todo el Estado. Muchos inmigrantes arriban a este país con documentos legales válidos, pero pierden o ponen en una situación comprometedora su status inmigratorio debido a que son engañados y estafados por terceras partes no licenciadas ni acreditadas. Aplaudimos los esfuerzos del Procurador General en investigar las prácticas ilegales de inmigración, las cuales tienen que detenerse”.
La investigación es manejada por la Sub Procuradora General Vilda Vera Mayuga y por la Vice Sub Procuradora Elizabeth De León, con la asistencia del Investigador David Negrón, bajo la supervisión del Jefe del Buró para los Derechos Civiles Alphonso B. David y el Abogado para
los Derechos Civiles Spencer Freedman.
Si usted ha sido víctima de fraude al buscar ayuda para inmigración lo exhortamos a que contacte a la Oficina del Procurador General llamando a la Línea de Información de la Unidad Contra el Fraude en los Servicios de Inmigración al (212) 416-6149.
Para evitar ser engañado, conozca sus derechos. Por favor, lea el panfleto informativo del Procurador General sobre el Fraude en los Servicios de Inmigración en
http://www.oag.state.ny.us/bureaus/civil_rights/pdfs/immigration_brochure_spanish.pdf
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